Como un triunfo para la Universidad del Atlántico y al mismo tiempo una derrota para el actual Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, calificó el exrector del alma mater, Ubaldo Enrique Meza Ricardo, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que en Sala de Casación Penal revocó una condena proferida en su contra y lo absolvió del delito de peculado por apropiación por el cual fue acusado.

Meza Ricardo se refirió así a la investigación iniciada en su contra el 13 de junio de 2006 y promovida por Alberto Carrasquilla cuando también se desempeñaba como Ministro de Hacienda.

Carrasquilla instauró la denuncia contra los exrectores Meza Ricardo y Paola Amar Sepúlveda, argumentando la existencia de 127 pensiones irregulares en la Universidad del Atlántico.

“Estas pensiones eran convencionales, pero el Ministerio de Hacienda no las reconocía como legales, con lo cual partieron de un hecho no objetivo. Esto nunca debió pasar porque una convención no se puede desconocer de manera unilateral y las pensiones formaban parte de ella”, explicó el exrector en diálogo con Zonacero.com.

Dijo que, en la práctica, lo que se hizo fue tomar a dos exrectores como chivos expiatorios, en medio de toda clase de suspicacias, atropellos, violación de la defensa y del debido proceso.

“Todo lo que se montó también indujo a errores a la justicia”, recalcó, para señalar que desde el principio se notaron las claras intenciones del Ministro Carrasquilla.

“Contrató una firma de abogados de Bogotá (Forero & Rodríguez Ltda), cuyo miembro principal fue nombrado meses después Vicefiscal General de la Nación, dejando a su socio al frente de este proceso. Extrañamente, al momento de calificar el mérito de la investigación se cambió abruptamente de Fiscal Anticorrupción, para designar en su reemplazo a quien con claro atropello del ordenamiento jurídico y de mano con el apoderado del Ministerio de Hacienda, desatendió las decisiones ejecutoriadas de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Consejo de estado, para llevarme a juicio y perseguir una condena en contra de la Paola Amar Sepúlveda y mia, basados en hechos y argumentos infundados, incluso desdeñando la decisión adoptada en su momento por su superior (Fiscal 45 Delegado ante el Tribunal de bogotá), cuya delimitación de cargos ignoró absolutamente durante todo el juzgamiento”, recordó.

La condena en primera instancia fue proferida el 5 de septiembre de 2016 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Causas Mixtas de Barranquilla, considerando que eran 127 las pensiones irregulares. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación que eran 9 y no 127 las pensiones que se encontraban en esa situación.

La decisión del Juez fue apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que el 4 de abril de 2017 confirmó la pena de 8 años, pero redujo de 41.681 millones 574 mil 916 pesos a 3.683 millones 501 mil 741, el valor de la multa, considerando, además que eran 18 y no 127 las pensiones que registraban inconsistencias. En este mismo fallo absolvió a Paola Amar Sepúlveda.

Curiosamente, dentro de las 99 pensiones que a juicio del Tribunal no registraban problemas, estaban incluidas las 9 que la Fiscalía señalaba con inconsistencias.

Ante la decisión del Tribunal el exrector acudió entonces ante la Corte Suprema de Justicia, que en Sala de Casación Penal dejó sin efecto las penas irrogadas y la condena en perjuicios civiles.

“Este es triunfo de la Uniatlantico y por ende de la Universidad Pública Colombiana, que sigue siendo de rentabilidad social, una potencia académica, científica, cultural y un verdadero baluarte de la Nación”, señaló Meza Ricardo al precisar los alcances del fallo.

“Hubo necesidad de llegar hasta la Corte Suprema para que se impartiera justicia casi doce años después”, recalcó.

Afirmó que el fallo es la reivindicación de su nombre por los daños y desprestigio causados durante este tiempo que, de paso, también afectaron la buena imagen de la universidad, inmersa en una grave crisis de imagen.

“Con mi fallo se logra una plena reivindicación. Y todo esto se hizo para ocultar la responsabilidad de la Nación (Ministerio de Nación) para no entregarle recursos a la Universidad en su momento, generando una gran crisis financiera, que finalmente la condujo a la Ley 550 tras declararse en quiebra”, advirtió.

Calculó en 500 mil millones de pesos la suma dejada de aportar por la Nación a la Universidad durante todo este tiempo.

Por eso, puntualizó, “el fallo reivindica económicamente a la Universidad” y además sienta doctrina sobre las tres aristas de la congruencia, ya que la Corte Suprema le da un ‘jalón de orejas’ al Juez de primera instancia y al Tribunal sobre la manera cómo se debe impartir justicia.